La nueva Gran Depresión ha puesto fin a una de las mayores etapas de prosperidad de la historia económica española. Durante más de una década, el alza de los precios de la vivienda, el vigor del sector de la construcción y el consenso de los agentes capitalistas y de las instituciones públicas, el lo que en definitiva era una apuesta por un nuevo tipo de capitalismo patrimonial, consiguieron mantener un ritmo de crecimiento sostenido y mayor que el de los países europeos. Un experimento cuyo eje de rotación descansaba en los efectos riqueza de la creciente financiarización de las economías domésticas y en el aumento del consumo y el endeudamiento privados.

Como si de un análisi clínico se tratara, la crisis ha desvelado la debilidad de las bases de este modelo. Por debajo del potente resplandor de la riqueza financiera late, efectivamente, una situación mayoritaria de desposesión, desigualdad y precariedad. Lo más inquietante de la actual coyuntura no se encuentra, por lo tanto, en la mayor o menor prontitud de una recuperación que probablemente insistirá en las fórmulas financieras o inmobiliarias de los años pasados, sino en el estallido de una crisis social que sólo ahora empezamos a vislumbrar. Es en esta encrucijada en la que las luchas en torno a la distribución del producto social se vuelven decisivas.